“Reinserción: Lecciones para una Política Pública” es el tema del sexto número de “Debates
Penitenciarios” publicación
del área de estudios
penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile.
Además de las secciones habituales (reseñas de libros y publicaciones, noticias y enlaces a sitios web, todo ello relativo al ámbito penitenciario), el artículo central ya mencionado aborda el tema de la reinserción en la perspectiva de una política pública.
El artículo analiza las implicancias conceptuales del término “reinserción” y su relación con la política criminal, en un contexto internacional de sostenido aumento de las tasas de prisionización, cuya consecuencia natural es el egreso de contingentes cada vez más numerosos de internos que retornan a sus comunidades de origen.
Los efectos de la cárcel exceden ampliamente a la sanción penal, afectando el vínculo con la pareja, con los hijos, la salud física y mental, las posibilidades de reintegrarse a la sociedad de manera productiva. La evidencia indica que la mayoría de los elementos que facilitaron el comportamiento delictivo no se modifican luego del paso por la cárcel. Peor aún, en algunos casos se ven agravados.
Asimismo los estudios demuestran que la mejor manera de asegurar la seguridad pública a largo plazo es a través del retorno gradual, seguro y estructurado de ofensores a la comunidad, bajo una supervisión adecuada. Una persona reintegrada se traduce en una menor tasa de delitos. Menores costos judiciales,
carcelarios y postcarcelarios.
Comparando diversas experiencias (Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Chile), la autora se refiere a la relación entre programas de reinserción y reincidencia delictiva. El análisis comparado permite identificar lecciones y desafíos que deberían ser considerados en la elaboración de una política postpenitenciaria en Chile, que en la actualidad no existe.
Una política postcarcelaria debe ser consistente con otras políticas sociales dirigidas a personas de similares características socioculturales. Ante la pregunta ¿tiene una persona que sale de la cárcel el mismo acceso a servicios sociales que una que no ha sido penalizada?, la respuesta debería ser sí.
Se requiere una mirada integral del delito. Policías, jueces, fiscales, abogados, carcelarios y postcarcelarios tienen responsabilidad en términos de seguridad pública. Es necesario evaluar cómo las distintas instituciones orientan su labor hacia la reducción de la actividad criminal.
La autora pone especial énfasis en dos elementos que estima relevantes: el diálogo intersectorial y la gestión a nivel local.
El estudio concluye identificando algunas propuestas. Entre ellas, la importancia de la integralidad de los programas de intervención y las alianzas de trabajo entre los diversos organismos.
El documento completo puede ser obtenido en forma gratuita en http://www.cesc.uchile.cl/.