“Hacia una Reinterpretación de la Reinserción Social en el Contexto de los Derechos Humanos: La Experiencia Uruguaya”
es el único tema del quinto número de “Debates
Penitenciarios” publicación del área de estudios penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile.
Al fin tenemos buenas noticias para quienes se interesan por la realidad penitenciaria. Desde el año 2005 se han implementado en Uruguay una serie de medidas tendientes a la reforma y humanización del sistema carcelario.
El objetivo inmediato no fue solamente una cárcel “mejor”, sino también “menos cárcel”:
· se eliminaron algunas figuras delictivas y se disminuyeron algunas penas,
· se amplió la facultad de los jueces para decretar arresto domiciliario a personas gravemente enfermas, mayores de 70 años y mujeres embarazadas o en etapa de lactancia,
· se amplió el beneficio de libertad anticipada: se decretó, por única vez, la libertad provisional y anticipada para un 10% de la población penal, quedando sujetos al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, el que fue especialmente fortalecido para estos efectos (la reincidencia de este grupo fue notoriamente menor al promedio nacional: 15% versus 55%),
· se creó un Centro de Atención a Víctimas del Delito y la Violencia,
· se crearon comisiones para la reforma del proceso penal y del Código penal.
El objetivo último de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario fue la
dignificación de las condiciones de reclusión.
Entre las propuestas más novedosas se encuentra el régimen de redención de la pena por estudio y trabajo. Por cada dos jornadas de 6 horas de estudio, o por cada dos jornadas de 8 horas de trabajo, se redime un día de condena. Con ello se logró un significativo aumento del número de personas presas que cumplen actividades educativas y laborales.
La Ley de Humanización también incluye una disposición que hizo obligatorio que en las obras y servicios públicos licitados se contraten personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Estos deben representar como mínimo un 5% del personal que realiza tareas de peón o similares. Día a día aumenta el número de personas liberadas que se beneficia con esta norma.
Obviamente esta Ley de Humanización está generando impacto en la convivencia al interior de los recintos penales:
· un nuevo reglamento disciplinario ajustado a la normativa internacional de
derechos humanos,
· mesas representativas de los reclusos que trabajan en conjunto con las autoridades,
· cursos de derechos humanos para funcionarios penitenciarios, dictados por UNESCO,
· hay más presupuesto para las cárceles, creándose 500 vacantes para nuevo personal,
· inicio de funciones del Consejo Nacional de Política Penitenciaria.
Todo un ejemplo que le está dando Uruguay al resto del mundo, mostrando que es posible hacer cambios para hacer realidad el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad. Mayor mérito aún cuando esto se realiza en un contexto internacional de sostenido aumento de las tasas de prisionización.
El documento completo puede ser obtenido en forma gratuita en http://www.cesc.uchile.cl/.