Argentina, nación instalada en el cono sur
del continente americano, no se ha caracterizado precisamente por su estabilidad
política e institucional; sí, su historia tan convulsionada e inestable como es posible precisar, encontró su momento de mayor agitación a partir del golpe militar a mediados de
los 70´s. Las crisis económicas,
una fuerte recesión y la mengua en la capacidad productiva de la república, dieron a una junta militar la posibilidad de hacerse al poder por un lapso de casi ocho años. Sin embargo los sectores productivos no tuvieron una fuerte recuperación, el campo de las finanzas y servicios que se colocaba en un primer renglón de la economía, encontró en el generalato sendos obstáculos al proceso dinamizador argentino, ello sumado a la derrota en el conflicto con Inglaterra por la soberanía de las islas Foukland , sellaron la suerte de la alternancia militar dando pie a la recuperación democrática con el llamamiento a elecciones libres para 1983.
Raul Alfonsín propuso su nombre para los comicios de aquel año, respaldado por el partido Unión Cívico Radical al que pertenecía, contando con una favorabilidad en las urnas del 51.7 % de los votos, en buena medida debido a su decidida intensión de reformar la estructura misma de las fuerzas armadas para subordinarlas al poder civil, el recorte al presupuesto militar y la defensa de los derechos humanos.
Aunque las expectativas con la administración Alfonsín eran altas, no se logró del todo la consolidación democrática, habiendo manifestaciones internas en contra del gobierno por un importante sector de los altos mandos militares que difícilmente lograron ser repelidos; pero además de los alzamientos, un obstáculo adicional para la estabilización del país fue el poder de los grupos financieros internacionales y locales que se hicieron al control de los distintos renglones de la economía a partir de la explotación de la clase trabajadora y el monopolio de las decisiones que en materia macroeconómica debían corresponder al estado. Naturalmente, dada la incapacidad del ejecutivo para regular la política fiscal argentina, la inflación llego a niveles próximos al 20 % mensual, con un grado de endeudamiento cercano a los 45.000 millones de dólares que en su mayor parte representaban compromisos adquiridos por el sector privado que terminaron siendo estatizados.
Así las cosas, las medidas en materia social dieron paso a acciones de ajuste presupuestal que limitasen el gasto y dieran posibilidad de cancelar los créditos internacionales; pues bien, la tasa de desocupación continuó creciendo, el número de familias que no podían satisfacer sus necesidades básicas se contaba por millares y los planes alimentarios resultaron infructuosos; los conflictos sociales se agravaron cada vez mas, dando lugar a huelgas de trabajadores por doquier y ascenso a niveles de recesión históricos, es entonces cuando se toma cerca del año 86 una decisión que cambiaria por completo las dinámicas políticas, económicas y sociales de los gobiernos argentinos, nada distinto que el paso de un modelo semicerrado en el que se protegían de manera estricta ciertos renglones productivos, a un acelerado proceso de liberación económica o en otros términos, plena apertura del mercado a los productos extranjeros, acompañado de un periodo inicial de privatizaciones y disminución de las prestaciones sociales que dieron la bienvenida al capitalismo de última generación hoy llamado Neoliberal.
Pese a los intentos presidenciales por estabilizar el país y hacerse a tratados internacionales que favorecieron la reactivación económica, para el 14 de mayo de 1989, la situación se estaba haciendo riesgosa en términos políticos y sociales, hiperinflación, disminución del poder adquisitivo de los salarios del ciudadano promedio, alza sostenida en los precios de la canasta familiar; éste fue el terreno que favoreció la victoria de Carlos Saúl Menem, en los comicios de ese año y ante el clima de ingobernabilidad que se percibía, le obligó a recibir al poder con 9 meses de anticipación de manos de Alfonsín.
Como era de esperarse Menem llegó al poder con promesas de corte populista bien recibidas por el electorado; revolución productiva, aumento considerable de salarios (salariazo) entre otras medidas que generaron expectativas positivas frente a lo que habría de ser su gestión, ello en una Argentina que alcanzaba una recesión del orden de 6% del PIB, una deuda externa superior a los 63000 millones de dólares y una hiperinflación del 5000 % anual, tal situación justifica en términos de la administración pública, que una vez en el poder , Menem cambiara sus promesas de campaña por un recio programa de ajuste, que se dedicó a plasmar en la realidad toda una serie de medidas socio-económicas y políticas, propuestas por funcionarios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a partir del célebre consenso de Washington promulgado en 1989.
En ese marco complejo se promulga la ley de Reforma del Estado que dio cabida a un ambicioso plan de privatizaciones como el de las aerolíneas argentinas, la energía eléctrica y los canales de televisión. Este auge privatizador representó 25006 millones de dólares que en su mayor parte se gastaron en el pago de intereses de deuda. Las medidas de recorte no menguaron del todo la popularidad de Menem que en 1995 logra la reelección con una favorabilidad del 49 % y acto seguido consolida su proceso de contención de los trabajadores buscando que a partir del debilitamiento de las condiciones de estabilidad laboral, todo control obrero sea puesto estricta vigilancia limitando ampliamente sus atribuciones.