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Resuelva el enigma y gane 500 dólares

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Review by : melamagik
Visitas : 477  palabras: 900   Publicado el: junio 05, 2007
Lupa federal a los fraudes


Por Joanisabel González y Daniel Rivera Vargas / El Nuevo Día
Fiscalía federal mantiene una pesquisa contra Global Reach Trading, en Carolina.
Los problemas con las supuestas confabulaciones y tretas piramidales parecen cobrar dimensiones insospechadas en Puerto Rico, pues la Fiscalía federal conduce una pesquisa contra las operaciones de Global Reach Trading (GRT), con sede Laguna Gardens, Carolina, y sus ejecutivos Dilean Reyes Rivera y Jeffrey Reyes Rivera.
La investigación que se encuentra en etapa avanzada, según fuentes de El Nuevo Día, fue corroborada indirectamente luego de una decisión del juez federal Juan M. Pérez Giménez en dos demandas incoadas en dicho foro judicial y en las cuales se reclaman daños ascendentes a $71 millones.



Pleito
$71
millones

daños que reclaman los demandantes
19
Número de demandantes
Tras una vista de status del caso, Pérez Giménez anunció que debía cesar el proceso de intercambio de evidencia en aras de la pesquisa federal ya encaminada.
“El descubrimiento (de prueba) ha sido paralizado en este caso porque el gobierno federal realiza una investigación sobre algunos de los demandados en este caso”, rezan las minutas de la vista celebrada el pasado 10 de mayo.
GRT es una de cuatro entidades demandadas dentro del grupo de cerca de 20 demandados. Las otras organizaciones son Codepa USA, Rys International, Foundation International Martín de Porres.
Se trata de 19 demandantes que reclaman a los demandados supuestas violaciones a la ley federal contra el crimen organizado (RICO Act), esto en pleitos civiles radicados por separado el 25 de mayo de 2005 y el 4 de noviembre de 2005, pero consolidados a solicitud del abogado de los demandados, Alfredo Castellanos, quien recientemente ha anunciado su intención de aspirar a la comisaría residente en Washington DC.
La semana pasada, este rotativo reportó el arresto y la histórica radicación de cargos por alegada apropiación ilegal y supuestas violaciones a la Ley Uniforme de Valores contra Gustavo Rivera Vázquez y Fernando Soto Rivera, presidente y tesorero, respectivamente, de cia Financial Consulting Services, entidad que -se alega- timó a miles de personas con la venta fatula de “un programa privado de depósitos”, donde se duplicaba la inversión inicial al cabo de 90 días.
Tras el reporte difundido hace unos días, fruto además del trabajo investigativo de El Nuevo Día, decenas de consumidores se comunicaron con este rotativo para narrar sus respectivas odiseas, luego de haber hecho negocios con CIA Financial, así como de otros tratos, como uno en el que la Reserva Federal “pagaría la hipoteca del inversionista”, luego de que el cliente pagara unos $3,500.
Asimismo, el secretario de Asuntos del Consumidor, Alejandro García Padilla, urgió a los consumidores a ser cuidadosos y a informarse antes de invertir en negocios como Wealth Pools International, luego de que se dieran varias denuncias de asociados de esta empresa en la Florida, quienes alegan que no pudieron cambiar los cheques correspondientes a su comisión por falta de fondos.
En lo que compete a Global, la investigación que realiza la Fiscalía federal parece ser otro ángulo de aquélla que, por espacio de dos años, condujo la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en torno a las operaciones de CIA Financial.
Esto porque, según la resolución de la OCIF contra CIA y sus directivos, Rivera Vázquez vendió valores fatulos correspondientes a GRT.
De la resolución emitida el viernes pasado, se desprende que CIA, una corporación con sede en Mayagüez, así como inscrita en el estado de la Florida, nunca se registró con la OCIF para vender valores en la Isla, tal y como requiere la ley. “No obstante, CIA realizó gestiones sin la debida inscripción para el ofrecimiento, venta y transacciones de valores en Puerto Rico a favor de la compañía Global Reach Trading Inc.”, sostiene la OCIF en su resolución.
Asimismo, según la OCIF, GRT ofrecía como instrumento de inversión “un contrato privado de compraventa de papel comercial”. Como parte del acuerdo, los “inversionistas” podían recibir un 10% de la cantidad invertida cada cuatro meses debido a que las inversiones se hacían en bancos internacionales localizados en Estados Unidos y Europa.

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