El bajo mundo. ¿Está México gobernado por el crimen organizado? Luís Javier Garrido En este artículo del diario La Jornada, el autor pone en la mesa el manejo del conflicto del narcotráfico por el
gobierno del hombre que mediante el
fraude electoral del 2006 se encuentra incrustado en la presidencia de la república mexicana: Felipe Calderón Hinojosa. A juicio del articulista, el desempeño del gobierno panista durante los primeros cinco meses de su administración se ha caracterizado sobre todo por su incompetencia, signo inequívoco de la complicidad que guarda con el crimen organizado y en particular con los grupos que mantienen el comercio de estupefacientes. La manera como operan dichos grupos dentro de los más altos niveles del poder guardan una comparación similar con las estrategias adoptadas en países latinoamericanos en los cuales operan desde las instancias gubernamentales. Entre estos se encuentran los carteles colombianos, como lo ha mostrado el último escándalo al evidenciarse la cooperación del
presidente Álvaro Uribe con narcotraficantes y paramilitares. Sin embargo, las proporciones se han extralimitado en México, donde los dos principales partidos políticos pasan mucho trabajo para esconder sus nexos con la
mafia. En últimas fechas, la estrategia del gobierno espurio de Felipe Calderón ha mantenido una simulación de lucha continua contra estas agrupaciones delictivas, sin embargo esto no legitimiza su estadía en el poder. Muy al contrario, la militarización del país tiene como principal finalidad someter con mano dura la inconformidad social exacerbada por las continuas injusticias realizadas durante su gestión. Como respuesta, las bandas de criminales están demostrando su poder de respuesta en diferentes estados de la republica realizando matanzas día con día para obtener más plazas. Prueba de esto son las 700 muertes en lo que va del sexenio, con un promedio de seis a ocho asesinatos diarios, frente a las cuales el gobierno se escuda con medidas efectistas para continuar estableciendo vínculos que le permitan vender el país para el beneficio de las trasnacionales. Medidas tales como el alza de la
tortilla y las reformas que pretenden privatizar la institución encargada de ofrecer servicios de salud a los trabajadores del estado, así como la intención de comenzar con la explotación de la caña de azúcar con fines bioenergéticos son muestras de estos fines. La única solución ante estos conflictos consistiría con una verdadera limpieza en todos los niveles del poder político, judicial y militar, en lugar de acciones mediáticas donde se capturan a algunos narcomenudistas y personas de baja jerarquía en los grupos delictivos. Casos como el del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el ex gobernador de Baja California Ernesto Rufo, Francisco Barrio en Chihuahua, o Sergio Estrada en Morelos, el ex senador Diego Fernández de Cevallos, señalado como hombre de confianza del cártel de El señor de los cielos, o contra los hijos de la esposa del ex presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, vinculados todos con el narcotráfico se soslayan escandalosamente. Para ponerle un fin definitivo a tales conductas inmorales enquistadas en los puestos del poder no existe otra opción para el autor que el de fortalecer las acciones de las organizaciones
populares como respuesta al entreguismo del actual gobierno mexicano.
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