El panorama religioso en México ha cambiado. Existe mayor diversidad religiosa y esto es bueno porque la pluralidad implica mayor libertad.
Uno de los indicadores más contundentes del cambio es el descenso constante del porcentaje de población católica. El censo del 2000 reportó 87.99% de población católica (1.7 puntos porcentuales menor que en 1990, 8% menor que en 1970, y 10% menor que en 1950). El debilitamiento de la Iglesia Católica ha ido aparejado del fortalecimiento de iglesias como la protestante y la evangélica. Aún cuando esta pluralidad ha resultado en conflictos sociales , la libertad religiosa está de acuerdo con los principios de nuestra Constitución: libertad de cultos, libertad de expresión y democracia.
En contraste, tenemos el caso del “Santuario de Emilio”, gobernador de Jalisco quien donó (recursos de los contribuyentes) 90 millones de pesos para la construcción del templo "Santuario de los Mártires" y 1 millón de pesos para la construcción del Templo de la Inmaculada Concepción en "Yagualica", población de donde es originario el cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Esta "donación" de recursos ajenos viola varios preceptos fundamentales de nuestra Carta Magna: estado laico, libertad de cultos, libertad de expresión, igualdad y democracia.
Cuando un estado asume como propia una religión se ponen en riesgo los derechos de aquellas personas que no profesan la creencia oficial. El Gobernador en este caso discrimina a los que profesan otros credos y viola su libertad de expresión.
El Gobernador, en ejercicio de la libertad de cultos, tiene el derecho de profesar la religión de su elección. El problema no es la preferencia personal del gobernador por la Iglesia Católica. El problema es la flagrante violación al principio de la laicidad del estado al "donar" recursos de los contribuyentes a una organización religiosa, sea católica o de otra denominación. Esta violación vulnera nuestra democracia.