Los encargados de la Dirección de Inteligencia Naval y el Comando de Operaciones Especiales de la Armada Argentina, contraalmirante Pablo Rossi y vicealmirante Eduardo Avilés, respectivamente, fueron separados de sus cargos por supuesta vinculación con archivos de espionaje detectados en la
base Almirante Zar, de Chubut. Se hallaron 26 carpetas con datos de gente espiada; entre los damnificados figuran entidades sociales,
organismos de
derechos humanos, periodistas y funcionarios nacionales y provinciales. En todos los casos, los
informes eran
enviados por triplicado:
una copia iba dirigida al Comando de Operaciones Especiales, otra a la Dirección de Inteligencia Naval y una tercera copia se encontró cifrada en código. Se investiga si esta encriptación de códigos responde a algún plan de resguardo de estos reportes en caso de que fueran descubiertos. Según fuentes oficiales, los partes habrían sido enviados a la base de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca. La actual ministra de Defensa, Nilda Garré, el ex viceministro del área Jaime Garreta, la secretaria de Derechos
humanos de Chubut, Elisa Martínez, y dirigentes piqueteros y de organismos de derechos humanos de esa provincia figuran entre los espiados. Inclusive existe un informe sobre una reunión llevada a cabo en agosto pasado en la Casa Rosada, en la que familiares de los fusilados en la Masacre de Trelew del ‘72, le pidieron al presidente Néstor Kirchner la reapertura de la causa. Se agrega a esto, detalle de una visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. A pocos días de que se cumplan 30 años del golpe de Estado de 1976 y precisamente en la base Zar, donde se produjeron los fusilamientos del ’72,
causa asombro la existencia de estos informes en las Fuerzas Armadas, tarea que está expresamente prohibida en las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Dada la gravedad de la situación se especula con la destitución de Almirante Godoy, pues hechos de tal magnitud no pueden haber sido ignorados por él.
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