En la actual
sociedad de hoy inscriptos dentro de una pretendida democracia participativa con un proyecto progresista, al
pretender romper con la desigualdad social, los ciudadanos hemos perdido el control sobre la política y sobre la vida pública.
Los juristas argentinos en materia de derecho constitucional, son conscientes que la Argentina tiene una Carta Magna "muy exigente" y sostienen que los compromisos constitucionales con respecto a la práctica constitucional es muy diferente y dramático, pero a la vez para otros muy apasionante.
Gargarella, Doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con un máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), de 44 años es autor de más de una veintena de libros, é investigó recientemente acerca de los límites de la respuesta penal punitiva, la teoría constitucional y la concepción deliberativa de la democracia y al respecto dice:
En la idea de democracia deliberativa se considera que las únicas decisiones públicas son justificadas de las que resultan de un proceso de discusión inclusivo, sin grupos marginados. Algo que no ocurre hoy en la Argentina, donde hay voces y cada vez grupos sistemáticos ausentes en la toma de decisiones. El Congreso por su parte se especializa en tomar decisiones del Ejecutivo por la imposición de una mayoría que levanta la mano a la hora de votar. Y aunque sea necesario hacerlo no es una condición para una decisión democrática respetable ni ética, ni como una condición suficiente, ni tan siquiera para que la decisión sea constitucionalmente válida.
Muchas veces las causas de la
protesta social tienen que ver con el incumplimiento del Estado de sus propias obligaciones constitucionales. Antes de apuntar hacia quiénes se quejan por las faltas graves cometidas por el Estado, habría que dirigirlo hacia las autoridades y funcionarios y preguntarles por qué no cumplen con sus obligaciones legales que marca la ley.
El derecho a expresarse es el derecho a la crítica política, ya que es la condición para el sostén de los derechos de los demás y cuanto más restringimos la crítica política, más ponemos en riesgo el resto de los derechos.
Y como tal es así que el Estado incumple desde hace décadas sus deberes constitucionales en garantizar los derechos sociales básicos de la gente que más lo necesita.
Así cualquier gobierno le interesa transformar los derechos en favores que ofrece o deja de dar a discreción, haciendo que las personas afectadas vayan a pedirle aquello que en realidad el Estado debería asegurarles incondicionalmente por derecho.
"Todos los gobiernos, y éste también, tratan los reclamos por derechos como si fueran reclamos por privilegios".
Para un futuro es ahí donde la Justicia debería cumplir un
rol preponderante, que lamentablemente ahora no cumple, por miedo o por razones políticas. Por eso, la disputa en torno del Consejo de la Magistratura es tan seria, aunque no lo parezca: controlar al Consejo sirve para poner a los jueces bajo amenaza.
Al consagrar un sistema de autoridad autocrática en el Poder Ejecutivo, permitimos que gradualmente se distorsione la estructura de balance judicial, y así los ciudadanos han perdido el control sobre la política y sobre la vida pública, y esto es lo contrario de un proyecto progresista, que exige romper con la desigualdad económica y la desigualdad política, ya que muchos de nuestros problemas tienen que ver con que no tenemos demasiado claro hacia dónde ir.
Entre las opciones constitucionales que teníamos, optamos por la más restrictiva de las libertades políticas, con una fuerte concentración de autoridad en el presidente bajo forma de autocracia, lo cual fue una decisión equivocada ya que cualquier demócrata, o cualquier persona con espíritu igualitario, debe temer y resistir siempre la concentración del poder determinada unipersonalmente.
En una
sociedad marcada por la desigualdad política y organizada alrededor de la desigualdad entre sus miembros, socava los lazos de solidaridad y éstas desigualdades se refuerzan y potencian hacia un decreimiento de la confianza.
Hoy llevar adelante tareas solidarias es un ejercicio heroico porque todos los incentivos institucionales están orientados en dirección opuesta.
En sociedades más igualitarias los lazos cívicos son más fuertes, así como las posibilidades de relacionarse con los demás y ver a los otros como iguales de forma más amena.
La llamada democracia argentina hoy es liberal y conservadora y digitada, con un limitado respeto hacia las libertades civiles, y fuertes restricciones en las libertades políticas a la ciudadanía y una marcada desigualdad en la distribución de los recursos, que afecta al resto de la estructura democrática en general.
Queda como residuo algo de respeto simultáneo en los valores de libertad individual y autogobierno colectivo; en maximizar la libertad individual y la capacidad de la ciudadanía de tomar control sobre sus propios asuntos.
Hemos convivido con regímenes conservadores que negaron las libertades individuales y políticas, y con regímenes liberales que fueron más respetuosos de las libertades personales, pero muy hostiles a las capacidades colectivas de los ciudadanos.
Las mejores tradiciones igualitarias requieren la reivindicación de las libertades personales junto con la igualdad política. Esta tiene que ir de la mano de la igualdad económica y asegurar condiciones materiales que nos permitan vivir en comunidad que tenga aspiraciones dignas.