Indígenas ecuatorianos de la etnia cofán,
en la provincia nororiental de Sucumbíos, demandaron por
daños morales a la
petrolera estadounidense Chevron-Texaco, acusándola de haber ejercido presiones
sobre un oficial del Ejército para que emitiera un informe
contra ellos. La
demanda fue presentada ante la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja, capital
de Sucumbíos. Se basan en informes del propio Ministerio de Defensa que, según
los cuales empleados de Texaco, "abusando de la confianza del mayor Arturo
Velasco, entonces jefe de Inteligencia del Batallón Rayo, lo presionaron para
que elaborara un informe con el fin de suspender una inspección judicial". En el
falso informe, se señaló que los cofanes y
colonos pretendían "retener a
funcionarios de Chevron-Texaco y demás asistentes a la inspección judicial,
mediante el bloqueo de las vías de ingreso y salida del sitio, para forzar a la
firma de documentos de compromiso". Por ello se recomendaba "restringir
totalmente las actividades de dicho sector, por no existir las garantías mínimas
de seguridad para cumplir con dicha diligencia". Los inspectores tenían como
tarea constatar los daños ambientales y contra la salud generados por Texaco,
compañía que es demandada por sus victimas. Por el contrario, dice el escrito,
"estas comunidades nunca han tenido una tendencia delictiva ni peligrosa, y se
trata de grupos de ciudadanos ecuatorianos que viven tranquila y pacíficamente".
Agrega que "la nacionalidad cofán ha sido conocida como defensora de sus tierras
ancestrales, pero rechaza la violencia y utiliza medios pacíficos para conseguir
sus fines". El informe, inducido por Texaco, "produjo un grave perjuicio al
pueblo cofán, al que se menoscabó su honor, emitiendo una ofensa a su dignidad y
produciendo el descrédito de su imagen". Los propios informes militares
reconocen que el informe de Inteligencia fue "elaborado únicamente en base a
información proveniente de los funcionarios de Chevron". Las presiones sobre
Velasco, fueron ejercidas directamente por el capitán retirado Manuel Bravo,
funcionario de seguridad de Chevron-Texaco. La petrolera se evitó así una
inspección que la desfavorecería. Los indígenas y colonos amazónicos reclaman a
la petrolera 6.000 millones de dólares en indemnizaciones por los daños a la
salud y el ambiente. Texaco, comprada luego por Chevron, alega que luego de sus
operaciones entre 1964 y 1992, limpió las zonas afectadas por sus explotaciones.
En la presentación de la nueva demanda, los afectados estuvieron acompañados por
una manifestación que llegó hasta las afueras de la Corte Superior. El abogado
demandante explicó que la demanda no se presentó antes, ya que los documentos
claves fueron catalogados como reservados para ocultar la maniobra.