Según Philip Alston, "la alta tasa de
asesinatos y la
impunidad de los autores de estos crímenes en Brasil afecta seriamente a la
sociedad de ese país". Se trata de la opinión del relator especial de la ONU
sobre
ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, quien señaló que los asesinatos
constituyen la primera causa de muerte de las
personas entre 15 y 44 años,
fenómeno que afecta especialmente a jóvenes negros y pobres. Acotó que el "grado
de impunidad es abrumador toda vez que en Río de Janeiro y Sao Paulo, por
ejemplo, solamente es llevado ante los tribunales un 10% de los casos de
homicidios". También reveló que más del 50% de los asesinatos son cometidos por
los tenebrosos "escuadrones de la muerte". Cada año alrededor de 50.000 personas
son
asesinadas en el país. Lo más grave es que la policía brasileña está
involucrada en las ejecuciones extra judiciales, y algunos de sus miembros
también forman parte de milicias y escuadrones ilegales. Luego de 11 días de
investigación, se mostró particularmente duro con la policía y, en conferencia
de prensa, dijo que los habitantes de Brasil no han luchado valientemente
durante 20 años contra la dictadura militar para ahora dejar el camino libre a
funcionarios uniformados que asesinan con total impunidad. Mencionó la
espeluznante cifra de 694 personas asesinadas en ya el primer semestre de año
por la policía en Río de Janeiro. Todas las muertes fueron explicadas como
"actos de resistencia". Esta denominación es un eufemismo que esconde la serie
de asesinatos que realizan los policías con total impunidad. Ya en el mes de
Junio el departamento policial fue acusado de matar inocentes durante un brutal
operativo llevado a cabo en las favelas de Río de Janeiro. Alston mostró su
extrañeza de que una operación en la que participaron más de 1.300 agentes y
efectivos de elite, con el apoyo de vehículos blindados y helicópteros, dejara
un saldo de 19 muertos, a pesar de confiscar solamente 12 armas de fuego y sin
que ningún traficante o mafioso fuera detenido. Las autoridades de Río están
molestas con el informe e insisten en que los traficantes de droga son una
amenaza y se les debe combatir con todos los medios. En nombre de los derechos
civiles y humanos no pueden eludir esta obligación, dicen desde el poder
estadual. "Aunque todos fueran criminales no se justifican las ejecuciones",
responde el funcionario. Alston recomienda aumentar el sueldo de los policías,
mejorar sustancialmente la investigación forense y aumentar de la protección de
los testigos. "La falta de orgullo profesional incentiva a los policías a entrar
en la corrupción y formar grupos de exterminio y milicias", afirmó. La ONU
divulgará en marzo el informe final elaborado con testimonios varios, como
entrevistas con familiares de víctimas, jefes de cuerpos policiales, fiscales y
organizaciones de defensoras de los derechos humanos.