Intensas
gestiones continúan haciéndose desde
Uruguay para que se libere a los militares procesados en Chile por el caso Berríos. La batalla se libra en el campo judicial y político.
Un año y medio después que tres militares uruguayos fueran extraditados a Chile por su presunta participación en el secuestro y muerte del científico y agente de la dictadura de Augusto Pinochet, Eugenio Berríos, y a pesar de que el caso está siendo substanciado a nivel judicial, la Cancillería de ese país ha tomado cartas en el asunto a fin de evitar que resulten afectadas las
relaciones diplomáticas entre ambos países. La justicia chilena ha desoído una gestión formal del gobierno uruguayo para que los oficiales puedan cumplir la libertad provisional en Uruguay.
Según pudo saber El País, las últimas gestiones a nivel político han sido promovidas por diputados de la oposición en el Congreso chileno, quienes han llevado a consideración del Ministerio de Relaciones Exteriores la existencia de las garantías ofrecidas por el presidente Tabaré Vázquez y el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, para que los tres militares -dos de ellos aún en actividad y uno retirado- cumplan el arraigo en Uruguay mientras se procesan las etapas del juicio en Chile. Rosales le manifestó en una carta al juez chileno Alejandro Madrid el compromiso del Ejército "para el otorgamiento de las garantías de arraigo correspondientes" para los tres oficiales.
En el plano judicial la situación de los tenientes coroneles Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, y del coronel retirado Tomás Casella, procesados junto a agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno por su participación en el llamado caso Berríos, está en la etapa de la apelación presentada por los defensores de los militares ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Relaciones
En una nueva movida política hecha desde Uruguay, el diputado del Partido Colorado, Daniel García Pintos, envió una nota a los legisladores
chilenos Jorge Ulloa y Patricio Melero en la que explica las gestiones formales que entabló el gobierno uruguayo para lograr que los tres militares volvieran a Montevideo. A partir de ese documento, los legisladores chilenos decidieron tomar la iniciativa de formular un planteamiento ante el Congreso en el cual relatan las garantías que ofreció el gobierno uruguayo. Además, los legisladores chilenos mostraron su preocupación porque consideran que esta situación "traspasa los límites de lo meramente judicial", según su exposición, a la que accedió El País.
"Si un magistrado nacional pide por escrito garantías a un país respecto de cierta situación, a lo que responden por escrito su Presidente de la República y su comandante en jefe de que existen las garantías para llevar a efecto lo ordenado por el tribunal nacional, pero éstas son declaradas insuficientes, francamente me parece que puede provocarnos dificultades no deseables a nuestras relaciones bilaterales", advirtió Ulloa.
20 meses en Chile
Radaelli, Sarli y Cassella se encuentran en Chile desde el 21 de abril de 2006 adonde fueron conducidos por orden judicial en un avión de la Fuerza Aérea. Estuvieron detenidos hasta el 13 de septiembre de ese año, cuando obtuvieron la libertad provisional. En junio de 2006, el Poder Ejecutivo resolvió pasar a situación de "disponible" a Sarli y Radaelli, lo que implica que no tienen destino pero continúan cobrando sus salarios por el grado militar. La ministra, Azucena Berrutti, fue interpelada por el Partido Nacional por la extradición a Chile de los tres militares.