El anteproyecto de ley que privatiza los recursos hídricos provoca mucha
preocupación entre los diferentes sectores de
la sociedad panameña. La principal
razón de la zozobra es producto del hermetismo gubernamental y la falta de
información en los medios.
Las autoridades se limitan a informar que los recursos hídricos del país están
muy desordenados y que falta actuar rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Nadie
sabe. ¿Acaso los ríos están bajando de las montañas sin que los humanos sepamos
en qué dirección corren o por qué sector saldrán al mar? Obviamente, este no es
el caso. Entonces ¿cuál es el problema que han detectado las autoridades?
El consenso de Washington, acuerdo establecido por las agencias financieras y el
gobierno de EEUU, a principios de la década de 1990, planteó que todos los
países del mundo tenían que seguir una nueva
racionalidad. La racionalidad de
mercado, que implica aceptar una Verdad: lo que es bueno para el mercado, es
bueno para la sociedad y, también, es bueno para cualquier ser humano.
Todos los valores incluso el agua - deben reducirse a la demanda y a la oferta
del mercado. Una propuesta que requiere una alta capacidad de abstracción.
Durante décadas en Panamá se pensaba de una manera más pragmática. Se
consideraba, por ejemplo, que la educación es un valor importante (y muy
concreto). Los gobiernos, por lo tanto, tenían la obligación de hacer
inversiones en este sector. Muchas veces era necesario sacar recursos de otras
áreas para cubrir las demandas de la educación. Se consideraba que este
“sacrificio” redundaba en el progreso y, por lo tanto, beneficiaría las futuras
generaciones.
Para asegurar el progreso también se hacían inversiones en la industria, en la
construcción de carreteras y en la seguridad social. Se planteaban objetivos, se
definían estrategias y se elaboraban planes. Los empresarios que buscaban
ganancias se insertaban en el proceso para competir y sacar ventajas. Según el
consenso de Washington esta manera de proceder es irracional y debe descartarse
(a los pragmáticos los llaman “populistas”).
La propuesta que han logrado imponer en el mundo pone de cabeza la idea del
desarrollo y plantea que el gobierno debe promover los negocios y como resultado
del “goteo” que produce el “crecimiento económico”, los niños irán a las
escuelas, se crearán nuevos empleos industriales, las carreteras abundarán y
todos los trabajadores estarán asegurados. Tesis que ha probado ser falsa en
todos los países donde se ha aplicado.
En el caso del agua, en los últimos 100 años, los gobiernos panameños crearon
una red nacional de agua potable para la población elevando los niveles de vida
y erradicando las enfermedades de origen hídrico en el país. Se construyeron
represas sobre los ríos Chagres, Bayano, Chiriquí y otros para alimentar de
energía a las industrias y residencias de las ciudades. Se crearon sistemas de
riego en las provincias agrícolas del país para asegurar que se produjeran los
alimentos que necesitan los consumidores panameños.
Para sorpresa de todos ahora el gobierno, aplicando la “racionalidad”
neoliberal, dice que todo lo hecho en el siglo XX es sólo “desorden”. Sin
informarle a los panameños, el gobierno anuncia que le dará en concesión
(¿perpetua?) a empresas privadas los recursos hídricos del país. Es decir, todos
los ríos y cuerpos de agua serán entregados a unos pocos especuladores quienes
se harán millonarios.
En el resto de América latina esta iniciativa ha sido rechazada por los pueblos
incluyendo empresarios y agricultores - que se han levantado en protesta.
Aparentemente, los panameños se aprestan para otra batalla contra los
neoliberales atrincherados en el gobierno.
- Marco A. Gandásegui, hijo es profesor de Sociología de la Universidad de
Panamá e investigador asociado del CELA.