Hace unas semanas, los supermercados Vivanda anunciaron que entregarían bolsas biodegradables, siguiendo una iniciativa que comenzaron las tiendas Wong, donde también se recolecta vidrio, pilas, botellas de plástico y otros productos. La conciencia ecológica aumenta lentamente entre los peruanos. Pero todos se sorprenden cuando oyen por primera vez la expresión
racismo ambiental, muy difundida en Estados Unidos, Brasil y otros países americanos.
En esos lugares se sostiene que, cuando en una
sociedad existen graves desigualdades étnicas, éstas también se manifiestan en quienes sufren los peores impactos ambientales de actividades contaminantes o fenómenos naturales. En el caso
del Perú, los ejemplos son abundantes: comenzando por la
contaminación que soportan los habitantes de La Oroya desde hace ochenta años y los padecimientos de los achuares del
río Corrientes, debido a la Occidental y la Pluspetrol. El
racismo ambiental aparece también en la destrucción de la ciudad de Cerro de Pasco y la situación de muchos ríos en Cajamarca, La Libertad o Junín, afectados por los relaves mineros.
Para quiénes analizan el fenómeno, la discriminación étnica se encuentra muy vinculada a la económica y a la geográfica; las víctimas son
poblaciones pobres, donde los rasgos físicos predominantes son diferentes del modelo dominante y que están ubicadas en lugares alejados de los centros de poder. La investigadora brasileña Tania Pacheco señala que, actualmente, estas poblaciones no sólo padecen contaminación, sino la posible pérdida de sus territorios a manos de grupos de poder económico.
Precisamente, los recientes artículos del presidente Alan García parecen una pretensión de convertir el
racismo ambiental en política oficial del Estado. La causa de la pobreza del país es el egoísmo de los "perros del hortelano", los campesinos e indígenas,
propietarios de tierras valiosas que, aparentemente, no saben o no quieren aprovechar. No explica García la pobreza por problemas estructurales, como la falta de redistribución del ingreso o de inversión estatal en educación, salud y carreteras hacia los campesinos. Por ello ha presentado el proyecto de ley 1770, para que esta tierra supuestamente desperdiciada pase
al Estado y sea subastada para su adquisición por empresas privadas.
Hace veinte años, en nombre del interés general, García pretendió despojar a los propietarios de bancos y financieras. Ahora apunta hacia peruanos mucho más débiles en una especie de reforma agraria al revés, promoviendo la concentración de la propiedad, como ocurrió en 1824, cuando Bolívar disolvió las comunidades indígenas y así abrió la puerta a los grandes latifundios.
Publicado el: diciembre 07, 2007
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